La tremenda escalada de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, que ha puesto a Tucumán entre las 10 provincias con más femicidios, no ha movilizado al Estado nacional ni al provincial a tomar medidas para prevenir el maltrato ni para asistir a las víctimas, alertó el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).

Desde el capítulo Tucumán de la organización advirtieron que ya hace un año, en ocasión de la movilización #NiUnaMenos, presentaron un amparo colectivo ante la Justicia, en el que exigían la implementación de politicas tendientes a proteger a las mujeres. Ninguna de ellas se cumplió, sostienen, por lo que insistieron en la necesidad de que se cumpla la Ley 26.485, "que obliga al Estado a la implementación de políticas públicas para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, tanto en la esfera pública como en la privada".

"De continuar el Estado sin formular las medidas solicitadas acudiremos a los organismos internacionales, por haber incurrido en responsabilidad internacional", comunicaron desde el organismo.

Cladem Tucumán convocó, a las 17, en la Plaza Independencia, a participar de la marcha “Ni Una Menos con Vida Nos Queremos”.

Lo que pide el amparo:

Que el Superior Gobierno ordene al Ministerio de Seguridad Ciudadana la sistematización de la cantidad de denuncias que ingresan diariamente a la Comisaria de la Mujer y Comisarias del interior de la provincia.

Que ordene al Ministerio de Economía que formalice una previsión presupuestaria, con erogación suficiente destinada a atender a las víctimas de violencia de género,

Que ordene al Ministerio de Seguridad Ciudadana la revisión del Protocolo de Atención en casos de violencia existente y/o diseñe un nuevo Protocolo de Actuación, a todos los agentes públicos estatales intervinientes en la presente problemática (judicial, sanitario, equipo multidisciplinario, etc.).

Que envíe a la Legislatura un Proyecto de Ley que prevea la creación de Fiscalías especializadas en la problemática de género (que conozcan la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer –CEDAW- y Belem do Pará).

Que se requiera al Poder Legislativo la reforma del Código Procesal Penal, a fin de dotar a los/as Fiscales/as de herramientas procesales ágiles, y se apliquen sanciones y/o penas de prisión en caso de violación por parte del agresor la orden de restricción. Al Poder Judicial que, por intermedio de la Oficina de la Mujer de la

Que la Corte Suprema de Justicia informe cuántas medidas de restricción o prohibición de acercamiento se tomaron, en los Juzgados de Penales y de Familia Vemos con mucha preocupación que el Estado Nacional y Provincial no actúe con la debida diligencia, cuando una mujer es asesinada cada 30 horas por violencia machista, con niñas abusadas, violadas y asesinadas, como los casos de Micaela y Milagros que tomaron estado público recientemente y que conmocionan a la sociedad.